Desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo durante la guerra fría, los intercambios de información entre servicios especializados fueron intensos pero generalmente en un solo sentido. Los americanos piden todo y no dan nada a cambio. Es el caso de las listas de los pasajeros de los vuelos trasatlánticos. Es parte de una política llamada smart borders o fronteras inteligentes, que permite a los servicios estadunidenses, apoyados por los servicios israelíes y empresas privadas de seguridad, realizar controles extraterritoriales en aeropuertos y puertos extranjeros.
La lucha contra el terrorismo lo justifica todo y permite, entre otras cosas, desarrollar un potente dispositivo de inteligencia económica (antes llamado espionaje industrial) que les deja contar con agentes de Aduanas en puertos europeos certificados, donde tienen acceso a todo la información sobre los productos industriales o agrícolas que se embarcan para Estados Unidos desde su lugar de producción. Otra arma económica estadunidense contra sus aliados y rivales comerciales es la pretendida lucha contra la corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Estados Unidos promovió en la OCDE, en 2000, la negociación de una convención contra la corrupción, firmada por todos los miembros de la OCDE, que prevé sanciones penales muy fuertes contra los funcionarios públicos que aceptan comisiones ilegales. Pero las grandes firmas americanas aeronáuticas o de armamento, grandes corruptoras, inventaron las foreign sale corporations, empresas extraterritoriales con sede en paraísos fiscales exóticos que no están vinculados con ningún tratado internacional y pagan las comisiones que oficialmente las compañías con sede en Estados Unidos se comprometieron a no cubrir más. Y los europeos tuvieron que aceptar este subterfugio sabiendo que con ello no solamente no se va acabar con la corrupción internacional, sino también se crean condiciones de competencia desleales. Muy hábilmente, los estadunidenses manipularon y utilizaron la ONG Transparencia Internacional para designar y estigmatizar, sin ningún rigor científico, a los estados más corruptos y chantajearlos. El derecho anglosajón (comon law), que se impone cada vez más en países de tradición romano-germánica (o de derecho continental), permite la negociación de multas limitadas (plea bargaining), si la empresa corruptora confiesa su pecado y pide perdón. Esta fórmula jurídica no existe en el derecho europeo, lo que rinde sin efectos la convención contra la corrupción. Es en este contexto, por ejemplo, que tiene lugar una guerra comercial sin piedad entre Boeing y Airbus.
Esta actitud servil de los europeos se parece mucho a lo que se conoce comoel síndrome de Estocolmo. Hace años sicólogos y sicoanalistas estudiaron el comportamiento de víctimas de secuestro o presos, como durante las dictaduras militares del Cono Sur o en los campos de concentración nazis. Es frecuente que las víctimas terminan por sentir simpatía por sus verdugos, justifican los malos tratos recibidos, se hacen cómplices de ellos por miedo o, peor aún, terminan por compartir sus sentimientos u objetivos. Sienten lealtad hacia el personaje o el sistema que les aplasta, y se autoculpabilizan, se envilecen para glorificar más a los que quebraron su voluntad y tienen un dominio total sobre sus mentes.
Hay algo de eso en la actitud de los europeos. Lo claro es que no hay que esperar de la Unión Europea la menor crítica a la hiperpotencia por Guantánamo, las guerras en Irak o Afganistán, los drones mortíferos, el espionaje masivo, el trato a Evo Morales y muchas otras infamias. Tanto los gobiernos como los medios occidentales consideran que sus “amigos americanos” son los primeros defensores mundiales de la democracia y de los derechos humanos, y que en el interés del bloque occidental la solidaridad con ellos no deja espacio para la crítica. Se les perdona todo.
Se cerró la ventana de oportunidad que tenía la Unión Europea hace 20 años, en asociación con muchos países no occidentales, de ofrecer una alternativa para construir un mundo multipolar más equilibrado y una nueva arquitectura internacional liberada del mundo bipolar. Los BRICS, conjunto económico creciente pero sin fuerza política, no tienen la capacidad de hacer un contrapeso al bloque occidental, porque no tienen la misma unidad ideológica, cultural, racial e historia en común que se forjó a lo largo de los años de la guerra fría. China y Rusia son las únicas potencias que pueden poner frenos a la voluntad hegemónica de Estados Unidos, pero tienen también muchos intereses que cuidar y se manejan con prudencia, como lo mostraron en el caso Snowden. Occidente está convencido de que todavía tiene la misión sagrada de dirigir el mundo privilegiando sus intereses. Controla los nuevos foros, como el G-20, que no se aleja de la línea trazada por el G-7, y el FMI no puede moverse sin el consentimiento de Estados Unidos, único país con derecho de veto en esa institución. Cualquier cambio en los derechos de voto en el FMI que pudiera modificar la relación de fuerza entre los estados miembros para tener en cuenta el peso creciente de los países emergentes no se puede hacer sin el consentimiento de Estados Unidos, o sea, nunca.
Ahora es de América Latina que nos vienen mensajes de dignidad e independencia. Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua se atreven a desafiar el gigante del norte y sus aliados europeos. Merecen nuestra admiración y todo nuestro apoyo. Desgraciadamente, México decidió mantenerse a distancia de este debate fundamental para el futuro del mundo y prefiere buscar hipotéticas ventajas de corto plazo en una relación con Estados Unidos totalmente desigual, dándole la espalda al resto de América Latina.
