El oficialismo venezolano parece haber entendido que, en medio de la crisis política desatada tras las elecciones presidenciales del domingo, en las que Nicolás Maduro obtuvo una magra ventaja del 1% frente al opositor Henrique Capriles Radonski, el ataque es la mejor defensa. Es la llamada “radicalización” que desde el gobierno se agita a conveniencia, más como advertencia que como resultado de una doctrina. El martes en la tarde, por ejemplo, el presidente electo avisaba que, de continuar la protesta violenta por parte de la oposición, “lo que podemos hacer es radicalizar la revolución”.
La contraparte del conflicto, liderada por Capriles, dio en las últimas horas muestras de un repliegue. Bien porque se haya convencido de decantarse por la resistencia civil, bien porque necesitara asegurarse que las cosas no se le fueran de las manos, el candidato opositor —y oficialmente derrotado— suspendió una gran marcha convocada para el miércoles, que pretendía llegar hasta la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, la capital.
Desde el domingo, la oposición demanda una auditoría “voto a voto” de las papeletas depositadas en las urnas electorales, en vista de algunas irregularidades que denuncia y que, a su juicio, ponen en entredicho el resultado oficial de los comicios que, mientras tanto, se niega a reconocer.
Pero la bomba atómica que el gobierno ya prepara y que sin duda llevaría la situación a los extremos, en un país ya escindido, sería la eventual detención de Capriles. Los poderes públicos, ampliamente controlados por el Ejecutivo, ya han anunciado acciones legales para responsabilizar al candidato opositor por su supuesta instigación a desórdenes callejeros. Este miércoles, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales, ha lacrado el expediente en construcción manifestando que “en Venezuela no existe el voto manual” —con lo que, de paso, sentencia de antemano el reclamo opositor por un recuento de papeletas— y que, por lo tanto, quienes lo exigen habrían “engañado” a los manifestantes, aun sabiéndolo de antemano, “para incitar a una lucha de calle”.
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