La figura de servidumbre legal de los hidrocarburos, contenida en la nueva legislación del ramo, es parte del paquete de leyes secundarias de la contrarreforma energética gerenciada por EPN en consonancia con las demandas e intereses de la IP local y de las grandes petroleras Exxon, Shell, BP, Chevron. Otorga a la Secretaría de Energía facultades para expropiar los terrenos privados, comunales y ejidales que sean necesarios para consumar negociazos vinculados a la la exploración y explotación de gas y petróleo. (La Jornada-LJ-11/5/14, p.9). Dada la enorme toxicidad y voracidad territorial de la explotaciónshale, y por conllevar la magna operación privatizadora la creación de oportunidades para el capitalismo deamiguetes, con el tránsito de un régimen de propiedad nacional y social a otro privado –el robo del siglo, lo llamó AMLO– se acentuará la concentración de la riqueza, la polarización, los riesgos contra la población y el debilitamiento del Estado mexicano.
Las consecuencias seríanincalculables, como asentó el senador Luis Sánchez, por el desarraigo de pobladores, (la) ruptura del tejido social, la aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías y cacicazgos locales, injusticia y exacerbación del resentimiento social. Ello, porque a más del despojo y las afectaciones a la salud y el ambiente por la explotaciónshale, se agrega que parte nodal delmodus operandi de las grandes petroleras sea la contratación de empresas especializadas en todo el espectro de la actividad petrolera/gasera, incluyendo los servicios de seguridad de las instalaciones. O bien contratan directamente a sectores del ejército local, haciéndose cómplices de crímenes de lesa humanidad como Exxon/Mobil en Indonesia, interviniendo en las líneas de mando y lealtad castrense, o usan firmas privadas tipo Blackwater –ahora Academi– o SyColeman, que con aval de Calderón ya ha prestado servicios a Pemex. Parte del mercenariato imperial, estas firmas han sido utilizadas en atrocidades perpetradas en Irak y Afganistán, bajo la guerra anti-terrorista de Estados Unidos en el orbe.
Los graves disturbios callejeros registrados durante y desde la toma de posesión de EPN, realizados por grupos de choque presentados por la TV en calidad de anarquistas, que operan en sincronía con la policía, fueron usados para intimidar, encapsular, disuadir y criminalizar la protesta social: en febrero pasado, con el voto en contra de PRD y PT, la mayoría mecánica PRI-PAN en el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otras leyes de seguridad pública en las que, denunció el senador Alejandro Encinas, no se define claramente el delito de terrorismo, penalizado con 40 años de carcel. (LJ11/2/14). Al incluirse en tal figura el apoderarse o ejercer presión oejercer control de plataformas marítimas e instalaciones aeroportuarias, se posibilita que los trabajadores de Mexicana, Pemex o la CFE, o los maestros y estudiantes disidentes, ejidatarios, comuneros o agricultores afectados sean calificados de terroristas: se busca criminalizar cualquier protesta contra instalaciones petroleras, quizá en previsión de que a futuro serán privadas, abundó la senadora Dolores Padierna (ibid).......
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