Las leyes de fiscalización en los estados tienen “fuertes deficiencias” en puntos clave porque no garantizan consecuencias a los resultados de las auditorías y no obligan a hacer públicos los informes de sus procesos, entre otros, determinó el estudio “Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”.
El análisis, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, destaca que 14 de las 32 entidades federativas en el país “obtuvieron una calificación reprobatoria” en materia de transparencia de la fiscalización.
Entre las entidades reprobadas se encuentran Jalisco, el Distrito Federal, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato.
Otras siete entidades (Campeche, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas) no hacen públicos los informes de la fiscalización de recursos.
De acuerdo con la directora de Proyectos de Competencia del IMCO, Jana Palacios, los desvíos de recursos que se han denunciado durante los últimos meses en distintas entidades del país son resultado de la baja calidad de la fiscalización, lo que da lugar a que se cometan actos de corrupción, que en los estados de Tabasco, Morelos y Chiapas ya han costado a los ciudadanos al menos 4 mil millones de pesos.
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